Autoridad certificadora

La Autoridad Certificadora es la autoridad en quien confían los usuarios de los servicios de certificación para crear y asignar certificados de claves públicas. Esta posee responsabilidad total por el suministros de los servicios de certificación y su clave es utilizada para firmar los certificados emitidos. La autoridad certicidadora es identificada en el certificado como emisor.

 

Es la certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de creación de la firma. Para su emisión es requerida la comprobación fehaciente de la identidad del solicitante.


La certificación de las firmas electrónicas avanzadas de las autoridades o funcionarios de los órganos del Estado se realizará por los respectivos ministros de fe. Si éste no se encontrare establecido en la ley, el reglamento a que se refiere el artículo 10 indica que aquellos órganos en que el ministro de fe no se encuentre expresamente establecido, el jefe superior del servicio deberá designar un funcionario público de planta, por resolución, para que actúe como certificador.

 

Sin perjuicio de lo anterior los órganos del Estado podrán contratar los servicios de certificación de firmas electrónicas con entidades certificadoras acreditadas, si ello resultare más conveniente, técnica o económicamente, en las condiciones que señale el respectivo reglamento.

 

Estas contrataciones podrán efectuarse de acuerdo con las normas que rigen la contratación administrativa, los servicios de certificación de firma electrónica con un prestador acreditado de servicios de certificación, cuando mediante resolución fundada constaten su conveniencia técnica y económica. La estimación de dicha conveniencia estará basada en criterios de calidad de servicio y precio de éste.


Un certificado de firma electrónica indica el plazo de vigencia del mismo, el cual no podrá exceder de tres años contados desde la fecha de emisión.


El efecto de la revocación del certificado es el cese permanente de los efectos jurídicos de éste conforme a los usos que le son propios. En cualquier caso la revocación no privará de valor a los documentos emitidos antes del momento exacto en que se realice esta acción.